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Aprobado proyecto de ley que permite sanear las finanzas de Cajas de Compensación Familiar en crisis

El Congreso de la República lanzó una tabla de salvación a las Cajas de Compensación Familiar del país, que prestan servicios en salud a través de sus respectivas EPS, que de tiempo atrás vienen atravesando dificultades financieras.

En efecto, el Senado de la República aprobó este martes el proyecto de ley que faculta a las Cajas de Compensación a destinar recursos para el saneamiento de pasivos en la salud y/o el cumplimiento de condiciones financieras aplicables a las EPS, el cual pasa a sanción presidencial

De esta manera, dichas entidades dispondrán de recursos para consolidar su estabilidad.

El nuevo instrumento legal apunta a reestablecer la estabilidad financiera de aquellas Cajas de Compensación en situación crítica, en las cuales sus pasivos superan su activo incluyendo los recursos parafiscales aportados por el sector empleador del país.

Adicionalmente, permite cambiar la destinación temporalmente de los recursos destinados al Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante (FOSFEC), y habilitar a las Cajas de Compensación Familiar para que puedan usar parte de estos recursos en el saneamiento de pasivos en salud.

También se adiciona un componente de solidaridad entre las Cajas para apalancar las condiciones financieras de aquellas con menos recursos.

La titular de la cartera laboral, Griselda Janeth Restrepo Gallego, quien participó del debate en el Senado en compañía del viceministro de Empleo y Pensiones, Fredys Miguel Socarrás, agradeció a todas las bancadas del Congreso “por hacer posible que este proyecto sea hoy una realidad, pues de esta forma le estamos cumpliendo al país, al Sistema de Compensación Familiar y a los trabajadores colombianos”.

El impacto social de las Cajas de Compensación Familiar en las regiones es de gran relevancia porque se han convertido en las gestoras de acciones para cerrar las brechas sociales, al posibilitar que más de 9 millones de trabajadores con menores ingresos y sus familias accedan a programas y servicios brindados por ellas, con tarifas subsidiadas, garantizando de esta manera el derecho fundamental a una vida digna.

Fuente: Mintrabajo

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